El presidente colombiano Abelardo de la Espriella encaró a la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y a la congresista Elizabeth Jay-Pang Díaz; lanzó severas advertencias sobre el manejo del dinero público del archipiélago.
Por: /Agencias SFAS/ Archipiélago de San Andrés, Colombia.—
¡Se acabó la paciencia! En un enfrentamiento que subió de tono, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella lanzó fuertes señalamientos contra la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y la congresista Elizabeth Jay-Pang Díaz, a quienes cuestionó por la situación de los recursos públicos y la crisis que atraviesa el Hospital Departamental de San Andrés.
El mandatario puso sobre la mesa un asunto que golpea directamente a la población isleña: el destino del dinero público, los recursos destinados a atender las necesidades de la gente y las condiciones en que opera uno de los servicios más sensibles para la comunidad, el hospital.
De La Espriella advirtió que los fondos del archipiélago, provenientes del erario y destinados a atender las necesidades de sus habitantes, no pueden continuar bajo sospecha ni quedar atrapados en disputas políticas. Su mensaje fue una advertencia directa a las autoridades señaladas: el manejo del dinero público deberá someterse a vigilancia y rendición de cuentas no máa robo a la gente pobre.
¡EL DINERO ES DEL PUEBLO, NO DE LOS POLÍTICOS!
La confrontación exhibió la tensión entre el Gobierno nacional y las autoridades del archipiélago por la intervención del hospital y las decisiones adoptadas para enfrentar la crisis sanitaria.
Mientras la población necesita atención médica, medicamentos, personal y servicios hospitalarios adecuados, el conflicto político amenaza con desplazar del centro de la discusión lo verdaderamente urgente: garantizar que los recursos lleguen a donde hacen falta.
El presidente endureció su postura y dejó claro que no permitirá, según sus declaraciones, que el dinero destinado a los habitantes de las islas sea desviado de sus objetivos. También cuestionó presuntas irregularidades relacionadas con la contratación pública y exigió explicaciones sobre el manejo de los recursos.
¡QUE HABLEN LAS CUENTAS Y QUE SE ACLARE TODO!
La advertencia presidencial coloca bajo los reflectores nacionales el manejo de los recursos públicos en San Andrés y la necesidad de esclarecer cualquier posible irregularidad.
Porque cuando se trata del dinero de los contribuyentes, no bastan las declaraciones, los discursos ni los enfrentamientos entre funcionarios: hacen falta cuentas claras, documentos verificables y resultados.
¡La gente de las islas merece respuestas! Si hubo desvíos o actos de corrupción, deberán investigarse y sancionarse conforme a la ley; si las acusaciones no se sostienen, también deberá aclararse. Lo que no puede quedar en segundo plano es el derecho de la población a recibir servicios de salud dignos y a saber qué ocurre con cada peso destinado al bienestar colectivo.
El dinero público pertenece a la gente. Y cuando está en juego la salud de una población, la transparencia no es un favor político: es una obligación.
