Son 20 defensores de los derechos humanos ejecutados a mansalva bajo el silencio cómplice de las autoridades.
Reynaldo Pérez fue defensor de familias desplazadas por la violencia y denunció a los grupos criminales de la región, hoy fue silenciado ante la frialdad de una seguridad pública que gasta millones de pesos en mesas de seguridad olorosas a café y funcionarios policíacos emperfumaditos que posan para la foto, Oscar Aparicio Avendaño y Jorge Luis Llaven Abacar le quedaron a deber a los Chiapecos, es hora de que preparen maletas
Por: Isaac Mendiola /SFAS/
Chenalhó; Chiapas.— Siete plomazos terminaron con la vida de Reynaldo Pérez Pérez, defensor de los derechos humanos que dedicó parte de su trayectoria a acompañar a familias desplazadas por la violencia y denunciar la presencia de grupos criminales en la región.
Pérez Pérez quedó tendido boca abajo en un taller de la región de Yabteclum, donde se encontraba cuando, según las primeras versiones, varios sujetos arribaron a bordo de motocicletas y abrieron fuego en su contra. Fueron siete disparos los que acabaron con su vida en el lugar.
Los homicidas huyeron después del ataque. Su escape vuelve a poner sobre la mesa las interrogantes acerca de la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad y la protección que reciben quienes denuncian la violencia en las comunidades chiapanecas.
Mientras se celebran reuniones y mesas de seguridad, otro defensor de los derechos humanos cae abatido a balazos. La tragedia plantea una pregunta que las autoridades no pueden evadir: ¿qué resultados están dando las estrategias de seguridad cuando quienes defienden a las familias más vulnerables siguen expuestos a la violencia?
Reynaldo Pérez Pérez dedicó parte de su vida a apoyar a familias desplazadas por los conflictos que azotan a Chiapas, entre ellas las de Santa Martha, cuyos habitantes permanecen refugiados en Polhó.
También participó como mediador en los conflictos de Chalchihuitán y Aldama, además de involucrarse en movilizaciones realizadas en San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez para defender los derechos de mujeres y niñas en situación vulnerable.
Su labor lo llevó a acompañar a comunidades que reclamaban justicia, seguridad y condiciones dignas para vivir. Su asesinato deja ahora a esas familias ante una nueva pérdida y reaviva las exigencias de protección para quienes alzan la voz frente a la violencia.
CASI 20 DEFENSORES ASESINADOS EN UNA DÉCADA
De acuerdo con el recuento señalado en esta denuncia, cerca de 20 defensores de los derechos humanos habrían sido asesinados entre 2016 y 2026 en Chiapas, una cifra que debe contrastarse con registros documentales para precisar el número de víctimas y los casos incluidos.
Entre los crímenes que han marcado a la entidad se encuentran los asesinatos de Simón Pedro Pérez López, catequista e integrante de la organización Las Abejas de Acteal, en 2021, y del sacerdote tzotzil Marcelo Pérez Pérez, en 2024.
Son casos que mantienen vigente la exigencia de esclarecer los homicidios, castigar a los responsables y garantizar que defender los derechos humanos no signifique poner en riesgo la propia vida.
La muerte de Reynaldo Pérez Pérez vuelve a colocar bajo escrutinio a las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia, incluidos los funcionarios mencionados en esta denuncia. La exigencia ciudadana es clara: investigaciones serias, resultados verificables y garantías de protección para las comunidades y sus defensores.
Porque cuando las balas silencian a quienes defienden a los más vulnerables, no solamente se pierde una vida: también queda en entredicho la capacidad de las instituciones para garantizar justicia y seguridad.
En Chiapas, las mesas de seguridad no pueden sustituir los resultados. Las comunidades necesitan respuestas, los familiares merecen justicia y los defensores de los derechos humanos necesitan garantías reales para seguir haciendo su trabajo.
