+Envuelto en el escándalo y símbolo invariable de la corrupción en Quintana Roo
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO/Envuelto siempre en el escándalo y símbolo invariable de corrupción, la impunidad parecía ser siempre la principal cualidad del ex gobernador priista Félix González, a quien, sin embargo, con las nuevas reglas de juego, todo parece indicar que su buena suerte terminó el 1º de julio último con la caída del sistema que siempre le había protegido.
Con la derrota del PRI en las urnas, el inminente término de su fuero constitucional como miembro del Senado y su “ahijado”, el ex gobernador Roberto Borge Angulo, tras las rejas, la libertad del cozumeleño pende de un delgado hilo que podría romperse de un momento a otro.
El otrora poderoso mandatario, que endeudó sospechosamente Quintana Roo en un gris sexenio que concluyó el 2011, apostó todo a su correligionario playense Mauricio Góngora, y en el pecado llevó la penitencia, ya que, por segunda ocasión consecutiva, le dio las espaldas a Carlos Joaquín, quien resultaría electo gobernador, y con ello otra pesada loza sobre sus espaldas.
En esta que podríamos calificar como la crónica de otro ex mandatario de Quintana Roo preso, Félix buscó con desesperación alguna nominación que le permitiera seguir abusando del fuero, pero, ante sus negros antecedentes, el propio PRI le hizo a un lado entre sus candidatos, por lo que se dio a la tarea de buscar arrebatarle Cozumel a la oposición.
Para ese efecto, como punta de lanza, se apoyó en un incondicional: Su ex secretario de Seguridad Pública, Salvador Rocha Vargas, a quien impulsó, primero hacia el CDE del PRI, y luego al municipal, con el proyecto de hacer un alcalde a modo, pero las cosas no le salieron, ya que otro ex gobernador, Pedro Joaquín Coldwell, logró imponer a su propio hijo, Pedro Joaquín Delbouis.
OSCURO ANTECEDENTE
Así las cosas, las puertas se le cerraron por todos lados, sobre todo ante el electo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pese a que algunos aseguran que habría buscado un acercamiento, vía apoyo para la campaña vía Morena, aunque, de ser ciertas las versiones en ese sentido, nadie cree que prospere esa relación.
En efecto, Félix González es una magnífica oportunidad para que López Obrador demuestre con hechos sus promesas de campaña en torno al Estado de Derecho y el combate a la corrupción, con lo que, es triste reconocerlo, Quintana Roo podría pasar a la historia con tres ex gobernadores presos: Mario Villanueva Madrid, Roberto Borge y Félix González.
No dudamos sobre la posibilidad de que la Fiscalía General hubiera instrumentado algún eventual expediente con cargos contra el cozumeleño, aunque, de otro modo, la PGR guarda en algún escritorio la denuncia que interpuso el 14 de septiembre de 2017 la presidenta de la organización “Somos tus ojos”, la periodista Fabiola Cortés Miranda.
“Somos tus ojos” exige que la PGR indague las circunstancias que rodearon la venta de los CIENTOS de predios que desincorporó Félix, ya que se trata del mismo “modelo de negocio” que utilizó Borge, además de repetirse nombres de beneficiados con ambos.
La denuncia, en tres anexos con 156 hojas con detalles de predios vendidos en Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel e Isla Mujeres involucra el remate de 165 predios patrimonio del Estado a empresarios, funcionarios y diversas personas, en la mayoría de los casos, a precios subvaluados.
Ante la posibilidad de que el ex gobernador en desgracia argumente la posible prescripción de los delitos ésta se interrumpe mientras el involucrado goza del fuero, por lo que la denuncia debe proceder en virtud de que Félix concluyó su sexenio en abril de 2011, y en septiembre de 2012 asumió el cargo de Senador, y gozaba de fuero.
Lo cierto es que si el remate de predios de Borge resultó escandaloso, el de Félix lo supera en número de terrenos y plusvalía, así como en involucrados.
Uno de sus más grandes negocios de Félix fue entregar 352 hectáreas (tres millones 522 mil metros cuadrados) a un grupo de empresarios entre ellos sus prestanombres, así como un personaje vinculado directamente al senador yucateco Emilio Gamboa Patrón, quien tiene estrecha amistad con el ex procurador Raúl Cervantes Andrade: Emilio Díaz Castellanos.
Félix cedió a un grupo de empresarios yucatecos 352 hectáreas de las 500 que tenía bajo su tutela el entonces Instituto de Vivienda del Estado, de esos terrenos 31 hectáreas pertenecían a la Universidad de Quintana Roo.
Entre las 352 hectáreas se construye uno de los más grandes desarrollos turísticos inmobiliarios, “Mayazama”, cuya primera fase está vendida y habitada. Está también otro de los desarrollos más controvertidos llamado inicialmente Down Town Tulum, cuyo nombre debió cambiar ante la presión de grupos ecologistas.
Por escritura pública 22824, de 31 de diciembre de 2007, se conocen los antecedentes de un negocio turbio en el que están involucrados además de Félix, empresarios como Díaz Castellanos y Rodolfo Rosas Moya, (su socio y prestanombres), así como los hermanos Francisco Javier y Francisco Evadio Garibay Osorio -este último ex titular del INVIQROO y del IPAE-, quienes participan en Mayazama a través de la sociedad mercantil Inmoterra Tucani.
Otro prestanombres, pero de su cuñado Francisco Evadio Garibay, es Jacobo Cruz de los Santos, quien se desempeña en el Grupo R-4, un corporativo que encabeza Rosas Moya, aunque también son parte de la sociedad Oswaldo José Millet Palomeque, María Isabel Mantecón Ponce, Juan Enrique Cámara Solís, Manuel Jesús Palma Rodríguez, y Katinka María Kelleher Vales.
El caso es que, con algunas interrupciones entre cargo y cargo, Félix se ha mantenido como funcionario desde 1999, cuando fue alcalde de Cozumel, tras lo cual fungió como diputado federal (2003), y gobernador (2005), hasta concluir en abril de 2011 y arribar al Senado (2012)
Tras concluir su sexenio con el escandaloso endeudamiento de Quintana Roo, pasó a formar parte del CEN priísta en una “cartera” de escaso interés, aunque ya era señalado posible abanderado de su partido para la senaduría durante el proceso federal de julio del 2012.
Al igual que cuando registró su candidatura a gobernador, ese año nuevamente se vio envuelto en el escándalo. La prensa volvió a poner el dedo en la llaga por el asesinato de una menor embarazada en 1999, Mayra Beatriz Ayuso Rodríguez, entonces de 16 años de edad, cuando Félix era alcalde.
Asimismo, salió a relucir su tráfico de influencias y enfrentamiento con el preso Mario Villanueva, por un millonario fraude en la compra de terrenos en Isla Blanca, Cancún, valuada en 40 millones de dólares, en una transacción donde el cozumeleño era socio del entonces diputado federal regiomontano, Felipe Enríquez Hernández.
A punto de concluir su negro sexenio, cuyo sello característico fueron inseguridad y narcotráfico, la calificadora “Fitch Ratings” alertó al Estado en torno a las finanzas, cuando, en marzo de 2011, disminuyó su calificación por “el aumento de deuda a largo plazo, alto nivel de obligaciones a corto plazo y gran crecimiento del gasto de operaciones en los últimos tres años”.
Días antes de entregar el poder, reconoció que la situación financiera del Estado era tan grave, que “con el puro aire estamos cerrando”, al referirse a una negativa de la Federación de adelantarle participaciones. Su antecesor Joaquín Hendricks concluyó su sexenio en 2005 con una deuda de mil 927 millones de pesos, que Félix aumentó a 10 mil 37 millones.
Así las cosas, de no entregar Peña Nieto una PGR con el ex gobernador tras las rejas, puede usted tener la seguridad de será una de las primeras tareas de López Obrador porque Quintana Roo confió en sus promesas de campaña e inundó las urnas con votos a su favor y de sus candidatos.
