*El legislador sigue ocultando el gasto de 100 millones de pesos en supuestas “ayudas” sociales
+En acto de alarde, buscará la reelección como legislador plurinominal
+Mientras la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción se ha convertido en “elefante blanco”
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO/Chetumal, QRoo.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción estará adscrita al Fiscal General y tendrá por objeto la investigación y persecución de los delitos establecidos en la Sección Cuarta del Libro Segundo del Código Penal de Quintana Roo, así como cualquier otro delito cometido por servidor público del Estado en el desempeño de un empleo, cargo o comisión.
¿Quién investiga y sanciona? La autoridad que investiga es la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción de la Procuraduría General del Estado, y la que sanciona, la autoridad judicial, a través del Tribunal de Enjuiciamiento en un proceso penal.
En estos términos se anunció con toda pompa el Decreto 095 del 20 de enero de 2018, ante la designación de Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, como titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Quintana Roo que, contra todo sentido común, se ha convertido en “elefante blanco”.
La mejor prueba es el caso de la XV Legislatura del Congreso del Estado, cuyo presidente en la Gran Comisión, el diputado panista Eduardo Martínez Arcila, constituye un claro ejemplo de impunidad y burla a la ciudadanía con el gasto de 100 millones de pesos en supuestas “ayudas” sociales que se niega a esclarecer, pero además…
En las próximas elecciones de junio, 125 candidatos de siete partidos nacionales y dos locales se disputarán un millón 237 mil 56 votos -el 48.7% de mujeres y 51.3% de hombres- para ganar una de las 25 diputaciones locales por la vía del voto directo (15) y de representación proporcional (10)
A poco más de dos meses de las elecciones del 2 de junio, cuando se conformará la XVI legislatura, nueve de los actuales diputados buscarán ser reelectos.
Irónicamente, entre éstos se incluye ¡el propio panista Martínez Arcila!, así como sus correligionarios del PAN, Fernando Zelaya Espinosa, Yamina Rosado Ibarra, Eugenia Guadalupe Solís Salazar y Alberto Zetina Tejero. Asimismo, se incluyen los “ecologistas” Tyara Schleske, José de la Peña Ruiz de Chávez, José Carlos Toledo Medina y Santy Montemayor Castillo.
Conforme a admirable seguimiento de la periodista Graciela Machuca Martínez, hasta el 22 de marzo se contabilizaban 344 días en que Martínez Arcila no daba respuesta para comprobar los 100 millones de pesos que supuestamente gastó en “ayuda” social que, inclusive, un juez le ordenó responder a solicitud de la organización “Somos tus ojos por la Transparencia Quintana Roo”.
SOMOS TUS OJOS
Para ese efecto, el 8 de abril de 2018, el Juez Primero de Distrito en Quintana Roo concedió un amparo a Somos tus ojos para que la Unidad de Transparencia del Congreso responda a las solicitudes de información que presentó esta asociación, en las que se le requirió exhibir las facturas y recibos que amparan el gasto.
En respuesta a cuatro solicitudes de información en las que se le requirió poner a la vista facturas y notas que comprueben la erogación del 2016 y el primer semestre del 2017, el titular de la Unidad de Transparencia, Hassan Medina Rodríguez, contestó que esas facturas y notas ya se habían entregado a la Auditoría Superior del Estado, por lo que era imposible tener acceso, aunque Somos tus ojos podría tener a la vista las del segundo trimestre del 2017 con pagar casi 5 mil pesos.
Ante ello, Somos tus ojos interpuso un Amparo, donde que el Juez le concedió la razón porque la Unidad de Transparencia no justificó por qué “carece” de la documentación que entregó a la Auditoría Superior, tal como prevé la Constitución en su artículo sexto, ni justificó el cobro, cuando que no se pidió reproducción ni entrega de los documentos, sino sólo consulta.
En el 2016, las “ayudas” sociales ascendieron a 55.8 millones de pesos, y las del primer semestre del 2017 sumaban 46.9 millones, recursos con los que, supuestamente, se pagaron accesorios y suministros médicos, estudios médicos, medicamentos, suplementos alimenticios, apoyos a la educación, apoyos al deporte, alimentación, despensas, hospedaje, transportación, herramientas, material de construcción, gastos funerarios, ataúdes y otros.
DENUNCIA POR PECULADO
Sin embargo, existe duda fundada sobre su verdadero uso y destino, pues Cecilia Sánchez Olais, con apoyo de Somos tus ojos, denunció a Ana María de la Luz Hernández Ayala, directora de Gestoría y Apoyo a la Comunidad del Congreso, por presunto peculado, luego que en la sección de Transparencia de la página del Congreso incluyera su nombre en el padrón de beneficiarios con un supuesto apoyo de “hospedaje” entregado el siete de noviembre de 2016… y que nunca recibió.
Martínez Arcila presidió las Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria; Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad; Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos; Medio Ambiente y Cambio Climático; Seguridad Pública y Protección Civil; Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, entre otros.
Sin embargo, nunca fue del todo claro su “trabajo” -nunca promovió alguna iniciativa de ley-, como tampoco lo fue el de sus compañeros del PAN que buscan reelegirse, como es el caso del “Chino” Zelaya Espinosa, sólo conocido por buscar la presidencia municipal de Othón P. Blanco e involucrarse en rifas del Colegio de Bachilleres para recabar fondos para su campaña.
Otra cuestionable aspirante panista a la reelección es la diputada panista Eugenia Solís, señalada de nepotismo y tráfico de influencias, pese a que en sus casi tres años de formar parte de la XV Legislatura sólo promovió 11 iniciativas, sólo una de las cuales se atendió.
Donde sí “destacó” fue en nepotismo y tráfico de influencias para favorecer a sus familiares, prácticas denunciadas por El Observatorio Legislativo, que descubrió al hijo de la funcionaria, Eduardo Alberto Cícero Solís, como beneficiario de “ayudas” sociales del Congreso, desde luego, con visto bueno de Martínez Arcila.
Tras el relevo en la Comisión de los Derechos Humanos, en enero de 2018, Eugenia Solís colocó a su sobrino Alan Jael Pat Escobedo en el cargo de Segundo Visitador General de ese organismo, gracias al nuevo ombudsman, que llegó al cargo con apoyo del PAN y Martínez Arcila en el Congreso.
Por un tiempo, el sobrino beneficiado se mantuvo como “aviador” en el Congreso, ya que después de haber sido nombrado Visitador, se descubrió que se mantenía como subdirector de Acceso a la Información Pública de la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo, es decir, ocupaba y cobraba en los dos cargos gracias a las influencias de su tía y el consentimiento de Martínez Arcila.
¡Todo un angelito que pretende seguir tres años más como diputado… y sin necesidad de que alguien vote por él, ya que aparece como primero en las listas de plurinominales!
En la segunda posición se encuentra la ex alcaldesa Cristina Torres; en la tercera, Ángel Álvarez Cervera, en la cuarta, Yamina Rosado, y en la quinta, Óscar Bernal.
