Roberto PÉREZ LÓPEZ
PIDEN A EPN ENFRENTAR CRISIS DE SEGURIDAD
Por la gravedad que representa en materia de política interior la evasión de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el Partido Morena demandó en la Comisión Permanente que Enrique Peña Nieto remueva a todos los integrantes del denominado “Gabinete de Seguridad”, integrado por Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, Monte Alejandro Rubido, Comisionado de Seguridad Nacional, Enrique Galindo, Director de la Policía Federal y de Eugenio Imaz Gispert, Director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
“Hoy más que nunca, Peña Nieto, quien se encuentra en viaje diplomático en Francia con una comitiva grosera de más 400 personas, debe regresar al país y enfrentar de primera mano las acciones y operaciones que den con la recaptura de uno de los hombres más buscados en el mundo, el narcotraficante de drogas Joaquín Guzmán Loera”, afirmó el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Manuel Huerta ladrón de Guevara.
“Adicionalmente a la inseguridad que vive el país por su fuga, el país se encuentra en tela de juicio a nivel internacional, ya que juzga, no sin razón, que solo con la complicidad de funcionarios públicos, ‘El Chapo’ logró la huida a través de un túnel”, manifestó el también integrante de la Comisión de Gobernación.
A través de un punto de urgente u obvia resolución, la agrupación Morena exigió, de inicio, que “el presidente Enrique Peña Nieto, cese su visita de Estado por la República Francesa y regrese de inmediato al país y afronte la crisis de Estado en materia de corrupción, inseguridad e impunidad que se evidenció con la segunda fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’ “.
Como segunda demanda, Morena exigió del presidente Peña Nieto que, ante la magnitud de la fuga, la cual ha ocasionado el enojo de Estados Unidos, expresado a través de sus agencias de gobierno, “remueva de sus cargos de manera inmediata al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al Comisionado de Seguridad Nacional, Monte Alejandro Rubido García, al Director de la Política Federal, Enrique Galindo, y al Director del Centro de Investigación y Seguridad nacional, Eugenio Imaz Gispert, por su manifiesta responsabilidad política en la segunda fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’ Guzmán”.
Manuel Huerta, recordó que al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue “el principal beneficiario del rediseño del marco institucional de la Administración Pública Federal ya que le fueron otorgadas nuevas facultades de la Secretaría de Gobernación, entre las que, sumadas a las que tenía con anterioridad, destacan: la seguridad pública, la seguridad nacional, la prevención del delito, la protección de los derechos humanos, la atención a las víctimas del delito y personas desaparecidas, así como la relación política y de coordinación con los otros Poderes de la Unión y con los Gobiernos de las Entidades Federativas”.
En este orden, Huerta expresó –en el Punto de Acuerdo presentado conjuntamente con el Senador Manuel Bartlett en la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles–, que “resulta inconcebible la fuga de ‘El Chapo’ Guzmán ya que este tipo de cárceles en México cuentan con cinco círculos de seguridad, avanzada tecnología –en el sistema de vigilancia y construcción, o brazaletes para seguimiento personalizado de internos, por ejemplo—sistemas de inteligencia –entre ellos los dispositivos para el monitoreo interno y remoto, así como la verificación de información en tiempo real de los visitantes–, protocolos de gestión en la custodia –entrenamiento especializado y desvinculación de la Policía Federal–, así como las barreras físicas que inhiben fugas y rescates. Las funciones y responsabilidades estaban comparta mentalizadas, para que nadie tenga autoridad absoluta en el penal”.
A pesar de ello, señaló Manuel Huerta, la segunda fuga de “El Chapo” Guzmán se materializó, lo que “revela una crisis de seguridad, corrupción e impunidad, donde ha quedado de manifiesto la infiltración de la delincuencia en las más altas esferas de los órganos de seguridad, por lo resulta procedente su remoción y la exigencia de que sean sujetos de responsabilidad política los miembros del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Peña Nieto”.
Para finalizar –dijo-, “por el bien del Estado nacional, la incompetencia, la corrupción de las instituciones de seguridad no merecen perdón. Las culpas no deben de circunscribirse a los custodios y al personal administrativo del penal del Altiplano, donde las autoridades federales tienen bajo investigación a todas las autoridades del penal, y han declarado más de 30 personas. (…) Las investigaciones no deben quedar en la red de complicidades en el penal sino que es necesario levantar la mirada y ver las responsabilidades políticas de su gabinete de seguridad”.
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