*Fueron detenidos en un operativo en la colonia Nueva Esperanza, sobre el tramo carretero Ocozocoautla-Villaflores
Por Agencias SFAS/Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Chiapas, obtuvo de un Juez de control, vinculación a proceso en contra de cinco personas.
La vinculación se obtuvo por la probable comisión en el delito de portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas en contra de cuatro personas y de una persona más por el delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hoy imputados fueron detenidos, por elementos de la Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal Preventiva, al realizar un operativo sobre la colonia Nueva Esperanza, sobre el tramo carretero Ocozocoautla-Villaflores y quienes fueron agredidos con armas de fuego por los hoy imputados que ingresaron a un predio, por lo que dejaron a disposición de esta dependencia federal a las cinco personas detenidas.
Derivado de estos hechos, la FGR a través del Ministerio Publico Federal (MPF) y de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscritos a esta delegación, ejecutaron un cateo en dicho predio (rancho), en el que aseguraron seis armas largas de diferentes calibres, dos mil 247 cartuchos de diferentes calibres, 54 cargadores, cuatro chalecos balísticos, 78 casquillos y siete vehículos, además del aseguramiento precautorio del inmueble.
Cabe señalar que se contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y Seguridad Pública del Estado de Chiapas para la seguridad perimetral.
Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF) presentó los datos de prueba suficientes al Juez de la causa, quien decretó como legal la detención y resolvió vincular a proceso a Cristian “R”, José “R”, Jorge “Z”, Nelson “S” y Yeribeth “R”, a quienes les impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria.
