• 2 millones de litros desviados y los brigadistas con los tanques vacíos
• El protegido de Dulce María Rodríguez, Marco Antonio Barba, convirtió esa dependencia en negocio de su familia y botín para llevar a casa
• Aubert Cernuda, esposo de Rodríguez Ovando, fue impuesto como asesor para mangonear y coludirse en los actos de corrupción, rapiña, compadrazgo y nepotismo que ahí se practica a complacencia de su mujer
Por Pedro Pablo Jaramillo SFAS/Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La secretaria de Gobierno, Dulce María Rodríguez Ovando, se hace de la vista gorda ante el presunto robo y manejo irregular de dos millones de litros de combustible donados por Petróleos Mexicanos al gobierno de Chiapas, recurso que estaba destinado a fortalecer el trabajo en territorio de la Secretaría del Campo.
En el centro de los señalamientos se encuentra Marco Antonio Barba Arrocha, titular de la dependencia, a quien trabajadores internos responsabilizan de permitir que el combustible no llegara a brigadistas ni técnicos que recorren comunidades rurales. Por el contrario, aseguran que su distribución habría quedado bajo control de su cuñado César Morales Cruz, quien presuntamente operó el recurso sin nombramiento oficial.
Las denuncias no se limitan al combustible. Al interior de la Secretaría del Campo señalan una red de familiares y allegados incrustados en puestos clave: Liliana de la Fuente como jefa de área; su hija, Ana Cristina Barros de la Fuente, en Ganadería; César Morales Cruz en Recursos Materiales; su esposa, Marisol Kobeh Palma, en la Unidad de Transparencia; Aubert Cernuda Sangeado como asesor; además de Emilio Serrano Mendoza y Citlalli Peralta López en áreas estratégicas, y el sobrino Mariano Barba Águilar como asesor con influencia operativa.
A ello se suma el intento de Barba Arrocha de imponer a su compadre Carlos Cervantes Rueda de León en la Asociación Ganadera Local de Juárez, lo que generó inconformidad entre productores. Mientras crecen las versiones sobre desvío de combustible, nepotismo y uso faccioso del poder, la Secretaría de Gobierno permanece en silencio, fortaleciendo la percepción de encubrimiento frente a uno de los escándalos más delicados en el sector rural chiapaneco. Con datos de Perfil Fronterizo. (Copyright SFAS)
