- Se activó la alerta roja de Interpol; van por él para que responda por delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y otros delitos de alto impacto.
- ¿Será el que pague todo el entramado de delitos cometidos por los hombres del poder, como sucedió con los Farías y el huachicol fiscal?
Por Agencias SFAS/Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República habría obtenido una orden de aprehensión contra Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario tabasqueño identificado públicamente como cercano a Andrés Manuel López Beltrán, en una investigación federal relacionada con operaciones ilícitas en el sector de los combustibles.
El caso representa un nuevo golpe para el entorno empresarial que durante los últimos años ha rodeado a personajes cercanos al poder político. La investigación apunta particularmente a operaciones vinculadas con la empresa Portacelis Gas and Oil y a una defraudación fiscal que habría generado un daño al erario estimado en alrededor de 834 millones de pesos.
De acuerdo con investigaciones, Portacelis habría reportado ante las autoridades aduaneras volúmenes de combustible considerablemente menores a los que presuntamente ingresaron al país. La diferencia habría alcanzado decenas de millones de litros de diésel, situación que forma parte de las indagatorias federales sobre el llamado huachicol fiscal.
Olán ha sido señalado en diversas investigaciones como un personaje cercano y presunto prestanombre de Andy y Gonzalo López Beltrán, además de haber construido relaciones empresariales con integrantes del círculo político y económico de Tabasco. Ahora, la orden de captura coloca nuevamente bajo los reflectores las conexiones entre negocios privados y personajes vinculados con las estructuras del poder.
A este expediente se suma la polémica en Baja California, luego de que se difundiera un audio atribuido a Olán en el que presuntamente habla de la entrega de recursos a la entonces candidata Marina del Pilar Ávila Olmeda. La gobernadora no negó directamente haber recibido dinero de Olán y sostuvo que cualquier financiamiento privado utilizado durante su campaña fue reportado y declarado ante las autoridades electorales.
Por ahora, uno de los empresarios más controvertidos del entorno de los López Beltrán se encuentra en el centro de una investigación federal que podría revelar nuevas piezas de una red de negocios y presuntas operaciones financieras de alto impacto. Su eventual captura podría convertirse en un punto de inflexión para esclarecer quiénes participaron, quiénes se beneficiaron y hasta dónde llegan las responsabilidades dentro de esta trama.
La pregunta inevitable es si Amílcar Olán correrá la misma suerte que los Farías Laguna, a quienes la FGR ha colocado como responsables centrales del entramado relacionado con el huachicol fiscal, mientras otros personajes señalados en el expediente permanecen fuera del alcance de la justicia. El antecedente abre la duda de si nuevamente habrá un empresario señalado como la pieza principal de una estructura mucho más amplia.
Y la interrogante política de fondo es todavía mayor: ¿se investigará hasta las últimas consecuencias a todos los involucrados, incluyendo a quienes pudieran encontrarse en las más altas esferas del poder, o Amílcar Olán terminará pagando por todo el entramado mientras otros quedan exonerados? En el caso del huachicol fiscal, la ausencia de José Rafael Ojeda Durán —a quien las autoridades no han localizado— alimenta precisamente ese cuestionamiento. Ahora, la sociedad estará atenta a si la investigación contra Olán llega realmente hasta donde tenga que llegar, sin importar nombres, cargos o relaciones políticas.
