- Jonathan Navarrete Torres, chofer de la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, recibió poderes legales de Corporativo Zeg, proveedora investigada por irregularidades. La trama alcanza a un exdirector administrativo y contratos por 195 millones de pesos.
Por Agencias SFAS/Ciudad de México.- Brotan los vínculos entre funcionarios de la cúpula del Instituto Nacional Electoral (INE) y empresas proveedoras de materiales electorales investigadas por irregularidades. El caso involucra directamente a Guadalupe Taddei, presidenta del organismo, cuyo chofer, Jonathan Navarrete Torres, aparece como apoderado legal de Corporativo Zeg, una de las compañías que han obtenido contratos millonarios en el sector electoral.
De acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio citados difundidos este día, Navarrete recibió el 28 de junio de 2023 un poder general para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg. El 15 de abril de 2025 fue incorporado como chofer de Taddei. En su declaración patrimonial de junio de 2026 reportó un sueldo mensual de 45 mil 765 pesos, pero, según la publicación, no informó su vínculo legal con la empresa.
Corporativo Zeg y Cajas Graf, propiedad de los hermanos Alfredo y Raymundo Hernández, aparecen en investigaciones por presuntas irregularidades financieras y posibles prácticas monopólicas. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigó a ambas compañías y sus cuentas fueron congeladas durante varios meses. En mayo de 2024, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) abrió un expediente relacionado con posibles prácticas monopólicas. Estas actuaciones no equivalen, por sí mismas, a una sentencia por delitos.
CONTRATOS MILLONARIOS
La trama también alcanza a Jesús Octavio García González, quien representó legalmente a Corporativo Zeg y Cajas Graf antes de asumir, en septiembre de 2025, la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, por designación de Taddei. Dejó el cargo en abril de 2026, después de los cuestionamientos sobre sus antecedentes empresariales.
En enero de 2025, Corporativo Zeg participó en un procedimiento para suministrar urnas, mamparas y marcadores electorales, cuyo monto máximo previsto era de 197 millones 66 mil 735 pesos. La licitación fue declarada desierta y posteriormente Cajas Graf recibió por adjudicación directa dos contratos que sumaron 195 millones 108 mil 664 pesos: uno por urnas electorales y otro por mamparas especiales.
García González fue señalado por un posible conflicto de interés y denunciado ante el Órgano Interno de Control del INE. La denuncia cuestionó el paso de la representación de empresas proveedoras a la dirección del área encargada de la administración del instituto. La existencia de esa denuncia no acredita por sí misma responsabilidad administrativa o penal.
Los antecedentes se extienden a los organismos electorales estatales. En Oaxaca, Corporativo Zeg obtuvo en 2024 un contrato por aproximadamente 32 millones de pesos; en Chihuahua, Cajas Graf recibió en 2021 una adjudicación por 33.9 millones. Funcionarias relacionadas con esos organismos llegaron posteriormente a puestos dentro del INE durante la gestión de Taddei.
Los registros documentan que el chofer de la presidenta tuvo facultades legales para representar a una empresa proveedora antes de incorporarse al equipo de Taddei; que un exdirector administrativo también representó a compañías del sector; y que una de ellas terminó recibiendo contratos por casi 200 millones de pesos después de declararse desierto el procedimiento inicial.
