- El miedo no monta en burro, el contratista favorito de Guadalupe Taddei, José Alfredo Hernández Casillas se ampara por cualquier orden de aprehensión
Por Agencias SFAS/Ciudad de México.- El escándalo por los negocios y repartos millonarios durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) llegará a la Fiscalía General de la República (FGR). Los diez consejeros acordaron presentar una denuncia para que se investigue a todos los funcionarios y exfuncionarios que pudieran estar involucrados en las irregularidades relacionadas con contratos y proveedores del organismo.
La presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, confirmó que los equipos jurídicos trabajan en la integración de la denuncia, cuya presentación está prevista este mismo miércoles. La investigación no tendrá nombres excluidos y podrá alcanzar desde la exconsejera presidenta hasta funcionarios de distintas áreas y niveles administrativos, según se estableció.
BUSCA AMPARO EL FAVORITO DE TADDEI
Pero mientras el organismo prepara el expediente, sale a relucir que José Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado a Taddei y apoderado de Cajas Graf, promovió desde el 9 de febrero un juicio de amparo para protegerse de cualquier posible orden de aprehensión o comparecencia. En su demanda aseguró que el 21 de enero presuntos agentes ministeriales acudieron a su domicilio en Jardines del Pedregal y preguntaron por él, argumentando que contaban con una orden de captura y otra de comparecencia.
El contratista solicitó a jueces federales verificar si existían carpetas de investigación o procedimientos en los que apareciera como investigado, imputado o probable responsable. En su escrito sostuvo que no había cometido delito alguno y manifestó estar dispuesto a colaborar con las autoridades.
A las sospechas se sumaron nuevos videos difundidos, en los que Hernández Casillas y Guadalupe Taddei aparecen revisando cifras y hablando de porcentajes y ganancias millonarias relacionadas con contratos del INE. Entre los negocios mencionados figura el de producción de credenciales para votar, con un monto máximo de 71 millones de dólares y vigencia hasta 2031. Las grabaciones exhiben conversaciones sobre cómo se distribuirían los recursos entre los involucrados.
La crisis también alcanza la estructura administrativa del organismo electoral: Blanca Cruz confirmó que ya se contabilizan 30 renuncias, 17 de ellas correspondientes a integrantes de la oficina de Guadalupe Taddei. Además, las consejerías revisarán perfiles y responsabilidades dentro de la Junta General Ejecutiva y otras áreas, por lo que no se descartan nuevas separaciones de funcionarios.
TRANSAS EN EL IEQROO
Las administraciones de Mayra San Román Carrillo Medina y Rubí Pacheco Pérez al frente del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) quedaron vinculadas a contrataciones millonarias con empresas relacionadas con el conglomerado de los hermanos Hernández Casillas, señalado por simulación de competencia en licitaciones electorales. Durante la gestión de San Román, Cajas Graf obtuvo en 2022 un contrato por 29.8 millones de pesos para suministrar material electoral, operación que figura entre las revisadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Los negocios continuaron con Rubí Pacheco: en 2025, Cajas Graf recibió 15.8 millones de pesos, mientras Litho Formas y Formas Inteligentes obtuvieron adjudicaciones por 34.8 y 6.8 millones, respectivamente.
