+Utiliza el cargo para beneficiarse a través de terceros con las obras de la infraestructura federal
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO/Bacalar, QRoo.- Poseedor de información privilegiada en torno al ambicioso proyecto de inversión federal con el Tren Maya, cuyo trayecto incluye al municipio quintanarroense de Bacalar, el reelecto alcalde de esta demarcación, el “profesor” Alexander Zetina Aguiluz, se vuelve a poner en el ojo del huracán con el tema del lucro de terrenos, ahora a través de terceros.
Después de la denuncia de que, en contubernio con sus directores de Obras Públicas y Catastro, Ángel Gabriel Puc Aguilar y Gaspar Amelio Rosado Gamboa, respectivamente, no sólo se ha dedicado a detectar terrenos sin título, como el de la Avenida 3 entre las calles 6 y 8, para agenciárselos y titularlos a nombre de familiares o amigos, sino que ahora se ha involucrado con el tema de Áreas Nacionales Protegidas.
En efecto, luego de que en febrero último un propietario solicitara apoyo policial de Bacalar para desalojar a unos supuestos invasores, a los que acusaba de paramilitares, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano dio a conocer los planos que demostraron una “equivocación” o corrupción del Ayuntamiento del Pueblo Mágico.
LA DISPUTA DE TERRENOS
Según el portal de Pedro Canché, el problema se originó por la disputa de 170.4 hectáreas de terrenos nacionales entre Gustavo Rodríguez Elizarrarás y Juan Osvaldo Morales Correa a un costado del ejido Buenavista, cuya superficie se volvió un botín político y económico por colindar con la carretera federal y la Laguna de Bacalar, ante el paso del Tren Maya por la vía Chetumal-Cancún.
La disputa derivó de un “extraño” apoyo hacia Rodríguez Elizarrarás, quien se apropió de unas 69.9 hectáreas y después reclamó una invasión que terminó con un desalojo por parte de la policía municipal de Bacalar sin ninguna orden judicial.
Resulta que Samuel Huicab le había comprado las 170.4 ha a Morales Correa y fue desalojado por la policía, y no sólo de las 69.9 ha del Área Nacional Protegida, tituladas a nombre de Rodríguez Elizarrarás, pero sin colindancia con la laguna o la carretera federal.
La corrupción del gobierno de Zetina Aguiluz se puso de manifiesto tras ordenar la realización de planos “a modo” para favorecer a Rodríguez Elizarrarás, aunque el conflicto podría llegar a su fin, al rectificar la Sedatu las medidas de los predios y confirmar la injustica por parte de quienes desalojaron a los campesinos encabezados por Samuel Huicab con apoyo de la fuerza pública.
PREDIO ‘CINCO HERMANOS’
Lo cierto es que el predio, denominado “Cinco Hermanos”, carece de títulos del gobierno federal, excepto escrituras avaladas por la comuna de Bacalar y registradas ante el Registro Público de la Propiedad en sus fracciones vendidas, no así ante la Sedatu.
Según Huicab, el tema salió a la luz pública el 22 de febrero con el desalojo del rancho “Monte Águila”, supuestamente parte del Área Nacional Protegida, cuando la comuna cumplió una orden judicial por una denuncia de despojo ante la Fiscalía General del Estado.
La orden de desalojo estuvo a favor de Rodríguez Elizarrarás, presidente de la asociación Selva y Laguna Bacalar, quien reclamó la invasión de la fracción 3 de “Cinco Hermanos”, orquestada presuntamente por Samuel Aguilar y Celso Catzín en julio de 2018 y enero de 2011, quienes habrían expulsado a investigadores y biólogos de esta zona protegida.
ORQUESTA DESDE EL AYUNTAMIENTO
Según oficio del Ayuntamiento de Bacalar MB/TM/DC/242/2018, firmada por el titular de la Sedatu, Fredy Marrufo Martín, existe un traslape de 174 hectáreas de Monte Águila técnicamente montadas en sólo 50 hectáreas de la fracción 3 de Cinco Hermanos, propiedad de Rodríguez Elizarrarás.
En este sentido, resulta extraño que el Ayuntamiento de Bacalar lo siga resguardando con auxilio de la fuerza pública, a sabiendas de que la supuesta orden jurídica proviene de la Fiscalía General y no de un juez competente, además de que sólo involucra 69.9 ha del Área Nacional Protegida “Huub’ Sak” y no sobre todo el polígono propiedad de Huicab y Catzín.
Por si fuera poco, además de desalojar a Huicab, Zetina Aguiluz le retuvo ilegalmente dos vehículos en el corralón municipal por más de 15 días.
Curiosamente, todos los predios aledaños a “Monte Águila” cuentan con un título ante la Sedatu, excepto “Cinco Hermanos”, donde se insiste en que su fracción tercera, con 69.9 hectáreas, se ubica en el Área Nacional Protegida “Huub’ Sak”, conforme a los planos oficiales aprobados por esa Secretaría.
AMBICIÓN DE FUNCIONARIOS
Lo cierto es que los terrenos a orillas de la Laguna de Bacalar, que día a día crece y se fortalece su actividad turística, han despertado la ambición de desarrolladores, oportunistas, funcionarios municipales y hasta particulares posesionarios de supuestos terrenos nacionales, a tal grado que parta donde se incline el dinero y el poder se actúa, aun cuando la autoridad sabe y conoce a quién le asiste la razón en diversos predios en disputa.
Curiosamente, tanto a Rodríguez Elizarrarás como a Osvaldo Morales, el Ayuntamiento que encabeza Zetina Aguiluz les cobra anualmente el impuesto predial, uso de suelo y Zona Marítimo Terrestre, tanto por la fracción 3 de Cinco Hermanos, como por las 174 hectáreas de Monte Águila, aunque esté “traslapado”.
LA INVASIÓN
Luego de que propietario solicitara apoyo policial de Bacalar para desalojar a unos supuestos invasores, a los que acusaba de paramilitares, la Sedatu dio a conocer los planos que demostraron una “equivocación” o corrupción del Ayuntamiento del Pueblo Mágico.
EL MÉTODO
La disputa derivó de un “extraño” apoyo hacia Rodríguez Elizarrarás, quien se apropió de unas 69.9 hectáreas y después reclamó una invasión que terminó con un desalojo por parte de la policía municipal de Bacalar sin ninguna orden judicial.
TODO EL PODER
Resulta que Samuel Huicab le había comprado las 170.4 ha a Morales Correa y fue desalojado por la policía, y no sólo de las 69.9 ha del Área Nacional Protegida, tituladas a nombre de Rodríguez Elizarrarás, pero sin colindancia con la laguna o la carretera federal.
LA CORRUPCIÓN
La corrupción del gobierno de Zetina Aguiluz se puso de manifiesto tras ordenar la realización de planos “a modo” para favorecer a Rodríguez Elizarrarás, aunque el conflicto podría llegar a su fin, al rectificar la Sedatu las medidas de los predios y confirmar la injustica por parte de quienes desalojaron a los campesinos encabezados por Samuel Huicab con apoyo de la fuerza pública.
CINCO MIL HECTÁREAS
El gobierno federal ha pedido de manera formal cinco mil hectáreas de tierras que se necesitan para la instalación de una estación del Tren Maya, proyectada cerca de la Universidad Politécnica de Bacalar.
