- La presidenta de la República atendió al grupo de mujeres y dijo que resolverá su caso de despojo de tierras
- Hermelinda Lezama les mintió y burocratizó el asunto que agravia a las indefensas mujeres
Por Agencias SFAS/Tulum, QRoo.- La presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que intervenir en un caso de despojo de tierras que las autoridades de Quintana Roo fueron incapaces de resolver. Durante una gira por Tulum, un grupo de mujeres la abordó para denunciar que la Fiscalía General del Estado, encabezada por Raciel López Salazar, mantiene asegurado un predio pese a las gestiones realizadas, situación que exhibió la falta de resultados de la institución y obligó a llevar el conflicto hasta la titular del Ejecutivo federal.
LES MINTIÓ LA GOBERNADORA
Las afectadas denunciaron que antes buscaron el respaldo de la gobernadora Mara Lezama, quien, según su versión, les aseguró que el problema ya había sido solucionado. Sin embargo, al regresar al inmueble encontraron que nada había cambiado y que el aseguramiento decretado por la Fiscalía continuaba vigente, por lo que acusaron al Gobierno estatal de engañarlas y simular una solución que nunca llegó.
El señalamiento se suma a otros cuestionamientos que en distintos momentos han recaído sobre la Fiscalía General del Estado y sobre su titular, Raciel López Salazar, por irregularidades en la integración de carpetas de investigación y la atención de diversos casos. Pese a ello, el funcionario se ha mantenido al frente de la institución, lo que ha alimentado la percepción entre diversos sectores de que cuenta con respaldo y protección desde el Gobierno del Estado.
Con pancartas en mano, las mujeres aprovecharon el recorrido presidencial por el Parque del Jaguar para exponer directamente su caso. Frente a Claudia Sheinbaum afirmaron que fueron víctimas de un despojo y solicitaron la intervención del Gobierno de México para revisar el expediente. La presidenta escuchó a las inconformes y les manifestó que dará seguimiento al asunto, ante lo que consideraron una falta de respuesta de las autoridades estatales.
El episodio volvió a colocar bajo el escrutinio público el desempeño de la dependencia encabezada por Raciel López Salazar y la actuación del Gobierno de Mara Lezama, luego de que un conflicto que debió resolverse en el ámbito estatal terminara siendo planteado directamente a la presidenta de la República.
